En los últimos años en Chile se ha observado un aumento de la movilización social, que rompe con la pasividad y funcionalidad de la participación característica del periodo de transición democrática. Este fenómeno ha tenido una expresión particular en el ámbito urbano.

Hemos sido testigos de la emergencia y multiplicación de organizaciones y movilizaciones sociales en torno a situaciones que amenazan la calidad de vida de la gente y que están íntimamente relacionadas con la cuestión urbana: dificultades de acceso al suelo y a la vivienda, externalidades del crecimiento de la ciudad, problemas medioambientales, disputas por el uso y apropiación de espacios públicos, y daños ocurridos por el terremoto de febrero de 2010. Junto a los conflictos relativos a la demanda por vivienda, o “por un lugar en la ciudad”, que tradicionalmente correspondían con el debate sobre la cuestión urbana en el siglo XX, emergen ahora nuevos tipos de conflictos, varios de ellos consecuencia del despliegue territorial del modelo de desarrollo urbano neoliberal, asociado a políticas, normativas, instrumentos y prácticas particulares, que forman parte de su arsenal operativo en la ciudad.

Han aparecido en forma creciente movilizaciones en torno a amenazas concretas sobre la calidad de vida urbana, tales como: expansión urbana, aprobación de proyectos inmobiliarios, construcción de estacionamientos, autopistas o corredores para el transporte público; destrucción de patrimonio histórico, edificación en altura o amenazas medioambientales específicas; deterioro de la vivienda, amenazas de expulsión urbana, demanda de deudores y de allegados; recuperación de espacios públicos, rehabilitación del patrimonio urbano y social. Estamos ante un nuevo tipo de movimientos y actores urbanos que, variando en sus contenidos temáticos, formas y estrategias de acción, persiguen de alguna u otra manera modificar el curso del proceso urbano e incidir sobre la reproducción de su vida en el territorio.

Una primera versión de este trabajo fue publicada el 27 de septiembre de 2007 en la revista Urbanismo y Construcción de El Mercurio, y presentaba una sintética descripción y localización de 18 puntos en conflicto que mostraban diversidad de temas que afectaban a zonas y grupos de distintos sectores socioeconómicos de la ciudad. Posteriormente, se organizó la información en este mapa digital, ampliando el registro a 69 casos en julio de 2009. La última actualización corresponde a marzo de 2011 e incluye 100 casos registrados desde el año 2006.